Brutal homicidio de mujeres en Ciudad Juarez

Organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas exigen a las autoridades esclarecer los crímenes y la condena de los culpables.

Pelo oscuro, tez morena, delgadas y pobres. Este es el patrón que en la mayoría de los casos se cumple en los asesinatos de mujeres y niñas  en Ciudad Juárez, en el  norte del estado de Chihuahua, México. Los datos no dejan de sorprendernos. Desde 1993 organizaciones internacionales y en defensa de los derechos humanos coinciden en afirmar que han sido asesinadas más de 400 mujeres. De estos asesinatos el 90% están sin resolver o se han resuelto sin juzgar ni condenar al culpable.

La brutalidad con la que los criminales secuestran y asesinan a las mujeres en un número significante de casos va más allá del acto de matar y pone de manifiesto una de las expresiones más terribles de la violencia contra la mujer. Muchas de ellas  fueron raptadas, mantenidas en cautiverio por varios días y sujetas a los vejámenes, torturas y a la violencia sexual más terrible antes de morir, la mayoría asfixiadas por estrangulamiento o golpes. Sus cuerpos han sido encontrados escondidos entre los escombros o abandonados en zonas desérticas cerca de la ciudad. "Cuando la encontramos, el cuerpo de mi hija hablaba de todo lo que le habían hecho", señaló Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, cuyo cuerpo fue hallado en febrero de 2001 en un terreno baldío de Ciudad Juárez, contiguo a la fabrica donde trabajaba. Igual que Lilia Alejandra, la mayoría de las víctimas son mujeres de origen humilde, algunas de ellas con hijas e hijos que mantener, que recorren en autobús largas rutas para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. A veces, no les queda más opción que caminar solas por lotes baldíos y caminos sin iluminación, haciendo más fácil el trabajo de quien quiere acabar con sus vidas.

Las primeras muertes y desapariciones con un patrón similar de mujeres y niñas se dieron a conocer  en Ciudad Juárez. Fronteriza con Estados Unidos y ubicada en el desierto, esta ciudad es actualmente la más poblada del estado de Chihuahua. Su posición geográfica la ha convertido en una de las más fértiles para el narcotráfico, generando altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana. Sin embargo a lo largo de las últimas décadas, la instalación de empresas de ensamblaje de productos de exportación, por parte de compañías transnacionales, las llamadas maquilas, también le ha permitido un desarrollo económico privilegiado. En gran parte, la rentabilidad de la industria maquiladora se basa en la contratación de mano de obra local barata, una mano compuesta en su mayoría por mujeres como las asesinadas hasta ahora,  de origen humilde, sin poder en la sociedad, cuya muerte no resulta ningún coste político para las autoridades locales.

A pesar del interés que ha despertado en la comunidad internacional el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y de la respuesta de organizaciones no gubernamentales ante la inacción de las autoridades, la falta de acción de las partes competentes para investigar los crímenes ha sido notoria durante los últimos diez años.

Amnistía Internacional ha documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales, cuando las posibilidades de encontrar a la mujer viva e identificar a los presuntos responsables son mayores, y una falta de seguimiento de las pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser esenciales. En otros casos, los exámenes forenses practicados han sido inadecuados y se ha proporcionado información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de los cuerpos, agravando así su dolor y alterando bruscamente su proceso de duelo. Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e incluso el presunto uso de la tortura por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (PJE) para obtener información y confesiones de culpabilidad. Los familiares se impacientan, desconfían de las autoridades e incluso llegan a dudar de la inocencia de algunos funcionarios del gobierno. No es de extrañar que lo hagan ya que, durante los primeros años de las desapariciones y asesinatos, el discurso público de las autoridades reflejaba una abierta discriminación hacia las víctimas. En más de una ocasión las mismas mujeres fueron culpadas de su desaparición y asesinato debido a su forma de vestir o por trabajar de noche en bares. En febrero de 1999, el ex Procurador de Justicia del Estado, Arturo González Rascón, todavía afirmaba que "Las mujeres que tienen vida nocturna salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores, están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse".

No sólo se debe atajar el problema con urgencia, buscando que se haga justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas. Los ciudadanos de Ciudad Juarez necesitan tener la seguridad de que auspician a unas autoridades  que verdaderamente velan por la seguridad de su pueblo, que representan la voluntad del mismo y que no se doblegan ante ninguna presión. A los juarenses les ha tocado vivir el peor cáncer que puede asolar una sociedad, el narcotráfico y la corrupción no entiende de vidas humanas y es el precio que se paga por estar en el momento y el lugar equivocados. 

La escasa distancia entre la vida y la muerte

La empatía es algo extraordinario y único del ser humano, pero hay casos en los que es preferible prescindir de tal virtud. Cuando eres consciente del abandono o la muerte de un niño que apenas llega al mes de vida, preferirías ser ajeno al mundo y sus lamentable sucesos,  pero cuando ya es demasiado tarde y el interrogante ¿por qué él? y  ¿por qué esto?  nos inunda la conciencia, nos esforzamos en encontrar alguna causa que lo justifique, nunca es posible.  El caso de Zimbabwe no iba a ser menos.

En los últimos cinco meses 21 niños recién nacidos han muerto en el asentamiento de Hopley, a 10 kilómetros de Harare, la capital del país africano. Este asentamiento fue creado  para realojar a las personas que perdieron sus casas hace cinco años como consecuencia del programa Murambatsvina, un  desalojo forzoso masivo llevado a cabo por el Gobierno bajo la justificación de que las comunidades vivían en condiciones deplorables y con la promesa de reubicarlos en viviendas dignas con un adecuado acceso a los servicios. Desde que esto fue así  varios de miles de víctimas siguen sufriendo las consecuencias de una promesa vana y hecha añicos. Han quedado en manos del destino, en el olvido para el gobierno. Sin embargo ellos no olvidan y el reproche aumenta a medida que aumentan las muertes de sus recién llegados al mundo.

Sin acceso a los servicios médicos, sin especialistas que las atiendan, las embarazadas de Hopley dan a luz en chabolas con techos de plástico, que si bien para ellas las resguardan del frío, esto no es suficiente para el momento del parto ni para las condiciones del recién nacido, que a duras penas logra sobrevivir, en el más favorable de los casos.

El ayuntamiento de la ciudad de Harare tan sólo cuenta con tres ambulancias en funcionamiento, que ofrecen servicio a una población de alrededor de dos millones de personas. Muchas ambulancias privadas y servicios de transporte se niegan a acudir a Hopley por miedo a ser asaltados, especialmente por la noche. Algunas mujeres zimbabuenses que se encuentran en el asentamiento comentan que antes podían permitirse pagar los 50 dólares estadounidenses exigidos para prestar atención prenatal, pero que ahora después del desalojo forzoso de su hogar y el abandono de su medio de vida no pueden hacerlo. A estas futuras madres no les queda otra que probar suerte con la vida de sus hijos y correr un riesgo que ellas no han asumido voluntariamente.

El 19 de febrero de 2010, Megan, de 40 años, dio a luz a dos gemelos prematuros en torno a las doce de la noche y no pudo ser trasladada a la clínica de maternidad. Tuvo a los dos bebés en su propia choza y ambos murieron camino de la clínica a la mañana siguiente. Igualmente, Fadzai, de 25 años, dio a luz el 26 de febrero de 2010 a una niña que murió ese mismo día. Ella  se culpa por no haber mantenido la  temperatura corporal.

Parece que las muertes de los recién nacidos en Hopley han pasado inadvertidas para las autoridades de Zimbabwe, por ello Amnistía Internacional ha exigido urgentemente al gobierno la puesta en marcha de inmediato de todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres y niñas embarazadas de Hopley y de otros asentamientos acceso a asistencia a la salud materna y neonatal. Además también ha exigido al gobierno que aborde con urgencia las pésimas condiciones de vida de estas comunidades, cruciales para mantener “una vida digna de cualquier ser humano”.

Corea del Norte, un imperio condenado a la miseria

Hambruna y miseria es lo que deja de herencia un régimen totalitario de 60 años en Corea del Norte. En los últimos años han muerto de hambre y de enfermedades asociadas más de dos millones de personas, la mayoría de estas víctimas son niños que no sirven para el adoctrinamiento político y patriótico. En numerosos casos  ya nacen con la desgracia de la desnutrición a las espaldas, la insuficiencia alimenticia que padecen sus madres hacen de la leche materna un privilegio de ricos. Cuerpos escuálidos, decoloración del cabello por falta de proteínas y piernas arqueadas nos muestran el rostro más amargo de una generación condenada a la muerte, si la dictadura y el aislamiento internacional sigue en pie.

Si embargo,  vemos como el país no repara en hacer elogios a su armamento nuclear y militar y conserva en su territorio numerosos campos de concentración, entre ellos 4 de muerte, 9 para mujeres en diferentes condiciones; 17 para trabajos forzados y 13 lugares destinados a la tortura, todo un paraíso terrenal para su líder Kim Jong Il y el  gran imperio comunista que ha creado a semejanza de su ecuánime Stalin. La ultima muestra de poder y fortaleza de la que ha presumido el gobierno de Pyongyang ante la comunidad internacional es el lanzamiento, el pasado 23, de uno de los ataques más violentos contra su vecina Seúl desde que finalizara la Guerra de Corea  (1950-1953) y se firmara el armisticio,  acuerdo que nunca se convirtió en tratado de paz,  pues el país ha seguido convirtiendo las tensiones en pretextos de ataque. Tal es el esfuerzo por conseguir la imagen de un imperio feliz y fuerte que “los ciegos, las personas con síndrome de down y los que viven en sillas de ruedas son expulsados a pueblos vetados a cualquier observador” según explica Andrei Lankov, profesor en la Universidad Kookmin de Seúl y uno de los mayores expertos del régimen norcoreano. Mientras la élite gobernante, encabezada por las familias de la cúpula militar y su líder, Kim, acaricia el sueño de una bomba atómica, la población grita en silencio libertades y sustento.

Desde que en la década de los 90 las inundaciones asolaran Corea del Norte,  la producción agrícola se ha visto gravemente mermada, y el país ha necesitado la ayuda externa para dar de comer a su población. Las sanciones internacionales al gobierno de Pyongyang por sus amenazas y programas  nucleares han provocado la disminución de los envíos internacionales de alimentos, por lo que se estima que el año que viene la mayoría de los 24 millones de habitantes que habitan el país, sufran grandes carencias, según ha asegurado la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

Ya tenemos bastante con los que huyen del sistema capitalista anclado sobe una base repugnante de egoísmo, donde sólo los más fuertes y ricos sobreviven , para que siga  existiendo un régimen militar de tal calibre. A pesar de la repugnancia que asoma esta forma de gobernar, cada año la plaza mayor que conmemora el aniversario de la fundación del partido de los trabajadores en Corea del Norte se viste de gala para recordar, como en la última ocasión proclamó una voz por megafonía, que “el pueblo coreano es invencible” y que el espectáculo de fuegos artificiales  “es una prueba de que la voluntad de Kim Jong-il es hacer feliz a su pueblo”.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/hambruna/vuelve/amenazar/Corea/Norte/elpepuint/20101117elpepuint_8/Tes

La incansable lucha del pueblo saharaui

Hay pueblos inmersos en la miseria y cuya voz no alcanza mas allá de sus fronteras,  pueblos que no albergan la mínima confianza en su capacidad de lucha y cuyo aliento ha quedado sumiso a las directrices de los gigantes capitalistas, sufren pero lo hacen en silencio. No parecía este el caso del incansable Frente Polisario, que tras años de intentos fallidos, continuas guerras y esfuerzos, supieron mantener el fervor de la libertad en todos sus compatriotas, hasta que Marruecos quiso arrebatarles lo único que nunca se pierde, la esperanza.

España comenzó a tejer el triste desenlace del Sáhara occidental en los vergonzosos acuerdos de Madrid. Tras reconocer la fuerza que había adquirido el Frente Polisario como movimiento político y de liberación nacional, el gobierno prometió transferir la soberanía al territorio y desvincular su ocupación colonial. Sin embargo, debido a las presiones marroquíes y la lucha por el poder en España, cedió la soberanía de su antigua colonia a Marruecos y Mauritania. Aquí es donde comienza una larga ristra de promesas incumplidas que paradójicamente hicieron  más recios los pilares que sustentan la voluntad de un pueblo saharaui, manipulado pero con alma propia. Al mismo tiempo que el Polisario se vio abocado a una guerra contra Marruecos y Mauritania, supo ordenar el territorio que le correspondía por decisión de su pueblo, organizó la vida en los campamentos de los refugiados y logró dominar las tres cuartas partes de las arenas saharauis, además de las costas y sus recursos pesqueros. Marruecos quiso impedir que los avances saharauis en territorios ocupados fueran más lejos y construyó uno muro limítrofe de arena, de 2700 kilómetros, con un completo sistema de defensa electrónica, artillería automática y minas, construcción para la que contó con la ayuda de EEUU y Francia.

Hay personas que tienen la capacidad de crecer ante las adversidades, en el caso de pueblos enteros suele aflorar la inseguridad y el miedo a lo desconocido, pero la esperanza del pueblo saharaui nunca cesó y la continua lucha por una causa más que justa favoreció el respaldo de países vecinos como Argelia, Libia, Siria y Yemen, que reconocieron la República Árabe Saharaui  Democrática (RASD) como forma de gobierno. Por su parte La ONU condenó la ocupación marroquí  y reclamó el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. El supuesto fin de la guerra llegó con los acuerdos de 1991, basados en la promesa de la celebración del referéndum de autodeterminación, una  promesa que nuevamente fue incumplida por la pertinaz oposición de Marruecos a aceptar el resultado, pese al compromiso adquirido por Hassan II ante la ONU.

Hasta hace una semana El Frente Polisario continuaba amalgamando la voluntad de los saharauis a alcanzar un estado independiente y libre, había reunido a las diferentes tribus que conforman la población  en una empresa común, había  dado a la mujer un papel envidiable en el mundo árabe, había garantizado la educación y sanidad a niños y adultos... en suma, había permitido el desarrollo de valores democráticos para su pueblo sin renunciar a los valores culturales del mundo árabe al que pertenecen, hasta que el pasado día 8 el gobierno de Rabat desmanteló por la fuerza el campamento de protesta pacífica en el Aaiún obligando a todos los saharauis a abandonar una lucha que les ha llevado años mantener y haciéndoles comprender que la esperanza, en este caso, es lo primero que se debe perder.

Sentencia de lapidación

De rodillas, con medio cuerpo enterrado o dentro de un saco, con las manos atadas y con el rostro tapado. Así es como se encuentran las mujeres condenadas a lapidación antes de la hora de su muerte, hasta que lentamente su cuerpo sanguinolento desvanece en el suelo   y  las “manos inocentes” que la juzgan  han arrojado la última piedra. 

 Con el paso de los años y el reconocimiento de los derechos humanos la práctica de la lapidación entró en desuso, pero actualmente, en algunos países de corte fundamentalista islámico regidos por la Sharia como en África, Asia y Oriente Medio se sigue practicando como condena de muerte para las mujeres que han cometido adulterio. La lapidación está específicamente concebida para aumentar el sufrimiento de la víctima, ya que para llevarla a cabo se escogen piedras lo suficientemente grandes como para causar dolor, pero no tanto como para matar a la víctima en ese instante. Cuanto más lento y doloroso haya sido el proceso de su muerte, mayor justicia se habrá hecho. La Sharia, llamada en los medios occidentales como ley musulmana, es el cuerpo del Derecho Islámico. Constituye un código detallado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el mal. Un código religioso para vivir y una cuestión de conciencia personal a la que todos los musulmanes se acogen como ley vital.

El caso de la Sharia no es equiparable a ningún otro cuerpo de derecho, en él se diferencia la aplicación de las leyes según el género, atendiendo a una grave discriminación del sexo femenino. De esta forma la lapidación en caso de adulterio sólo se aplica a las mujeres, mientras  la poligamia masculina (poliginia) permite que el hombre tenga cuatro esposas y todas las concubinas deseadas. Sólo la Sharia es capaz de imcunplir uno de los principales derechos de la humanidad, el derecho a la igualdad, regido en el Sistema de los Derechos Internacionales. La clave para que esta práctica rudimentaria y primitiva aparezca en la historia como una actividad arcaica está en manos de la comunidad internacional, únicamente ella tiene la potestad de juzgar como barbarie lo que está pasando a las espaldas de los países occidentales.

La condena de ser mujer

No hay mayor condena que nacer condenada a la miseria. En la India el sistema social todavía se rige por las castas, donde está totalmente prohibido el movimiento y donde tu sitio en la sociedad y las relaciones que lleves a cabo dependerán únicamente de  la casta en la que hayas nacido, cuya pertenencia heredas de tus progenitores. Aunque este sistema  fue abolido en la constitución de 1950, lleva vigente desde hace 2500 años. Un sistema social ligado al hinduismo, que la población mantiene innato a través de sus generaciones, llevándolo a la práctica tal y como lo dictamina el Corán y las leyes de manu, según las cuales nadie puede aspirar a pasar de una casta a otra, sólo puede hacerse mediante la reencarnación. El sistema está compuesto por cuatro grandes castas:

-       Brahamanes: sacerdotes, maestros y académicos, la casta más alta.

-       Chatrías: clase político-militar

-       Vaishias: comerciantes, artesanos y agroganaderos

-       Shudrás: siervos y obreros

Al margen de estas cuatro castas se encuentran los “intocables” o dalits, son el escalón más bajo de la sociedad, están tradicionalmente relegados a realizar los trabajos de más ínfima importancia e incluso se les prohíbe beber de las mismas fuentes de agua que las demás castas. Sólo puedes correr  una suerte peor que nacer intocable y es la condena de nacer mujer, pues en la mayoría de los casos no te dan ni la oportunidad de llegar al mundo.

 Según datos aportados por UNICEF el 60% de las niñas muere en el vientre materno, por aborto o tras nacer, envenenadas con la savia de las adelfas. Las que logran sobrevivir lo hacen en una sociedad patriarcal donde están sometidas y vejadas por considerarse improductivas. ¿Por qué? porque una hija no podrá cuidar de sus padres cuando envejezcan, porque será la causa del empobrecimiento de la familia al tener que pagar una dote en su boda, porque será considerada un huésped en su propia casa hasta el día en que la abandone para casarse, porque el prestigio de la madre y su posición en la familia sólo se verán consolidados si el que nace es un varón, y porque sólo éste puede realizar los ritos funerarios por sus padres. Si esta niña nace no se hará fiesta para parientes y vecinos, cuando crezca recibirá menos alimentos y cuidados que sus hermanos, gastarán menos en su educación y realizará el trabajo doméstico junto con su madre, esto si corre suerte, ya que en numeroso casos es abandonada y acaba siendo víctima del fantasma de la prostitución ilegal.

Según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Registro de Delitos (NCRB), en el país asiático se cometieron en el 2007, 185.312 delitos contra mujeres y 75.930 fueron clasificados como "actos de crueldad de maridos y familiares". Otros casi 50.000 delitos registrados fueron por acoso y agresión sexual. Estas cifras reflejan un incremento del número de delitos del 12,5 por ciento respecto al 2006 y marcan una tendencia continuada en los últimos cinco años.

Sin embargo, en la Comisión Nacional de la Mujer, organismo dependiente del Gobierno indio, consideran que el problema no radica en la normativa sino en la falta de concienciación social. "Las leyes son lo suficientemente efectivas para proteger a las mujeres, es la falta de concienciación la responsable del aumento de los delitos contra la mujer. Necesitamos un cambio mayor en la mentalidad de nuestra sociedad para lidiar con estos temas", dijo la funcionaria de esa comisión Yasmin Abrar, citada por IANS.

La creencia de que la autoridad masculina no puede ser cuestionada y de la superioridad de los maridos sobre sus esposas es un principio arraigado culturalmente, principio que el Corán afirma y dictamina como norma de comportamiento en la sociedad. Por ello no sólo hace falta la idónea aplicación de leyes que impidan el maltrato a las mujeres indias en todos lo ámbitos, sino el cambio de una conciencia y mentalidad intrínseca que ataca y viola los derechos humanos de una forma tajante. Quizás habría que explicarle a esta sociedad que las mujeres también formamos parte de aquello que llamamos la humanidad.

Este documental, del programa de Canal sur “60 minutos” se hace eco de la problemática de la mujer en la india.

El Congo, la historia de una riqueza envenenada

Explotados y engatusados en su propia casa, obligados a abandonar la dignidad de defender lo suyo y convertirse en marionetas del gigante capitalista. La mayoría de los nativos de la República Democrática del Congo han tenido que abandonar sus granjas y aldeas para buscar un puñado de dólares en las grandes y oscuras minas del Coltán, mineral estratégico extraído de la Columbita y el Tántalo y utilizado para la construcción de ordenadores, teléfonos celulares y videoconsolas. Arrastrando los pies por la manta de la curda selva a 50 kilómetros de la esplanicie, hacen de intermediarios de las grandes compañías norteamericanas, europeas y de la milicia de algunos gobiernos del país. Una explotación y contrabando ilegal pagado con el esfuerzo y sangre de sus verdaderos dueños. Un reciente informe de Naciones Unidas acusa a 29 compañías de haber saqueado la República Democrática de Congo y a otras 85 de haber violado las normas de comportamiento empresarial establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Buena parte de todas esas empresas son de países del Norte.

Desde 1960, año en que el Congo consiguió la independencia, las grandes corporaciones mineras multinacionales han intervenido en este codiciado territorio queriendo sacar beneficio de sus prósperos yacimientos de oro y minas de columbita y Tántalo, así como lograr su control total. También por ello y declarada a los cuatro vientos como “motivación oculta”, el Congo ha sido sacudido desde finales de los 90 hasta 2005 por una guerra con sus vecinos Uganda y Ruanda, en la que han sido implicados sus aliados Zimbaue, Angola y Sudán y en la que han participado 3 organizaciones guerrilleras. Una guerra, cuya final todavía es incierto.

Algunas de las escuadras del más voraz capitalismo neocolonialismo del Congo son las grandes compañías Ahmad Diamonf, As Diam, Sierra Grem Diamonds, Triple A Diamonds, Consolidated Eurocan Ventures, Lundin Group, Barrick Gold Corporation, Anglo American Company, American Diamond Buyers, Bayer  y  Barclays Bank, entre otras. Mención especial merece American Mineral Fields Inc (AMFI) una compañía estadounidense creada en 1995, forjada, según la revista Mundo Negro, “como instrumento para ejecutar en África la voluntad de dominación económica de los financieros occidentales”. Para esta revista africana, AMFI pretende desmembrar el Congo en micro-estados antagonistas, que dependan de las corporaciones mineras transnacionales. Un plan que ya intentaron en los sesenta con las rebeliones de las ricas provincias de Katanga y Kasai que determinaron los acontecimientos del país durante cuarenta años.

Abundando en el saqueo de las multinacionales extranjeras en el Congo, un informe del IPIS (Servicio de Información para la Paz Internacional)  ha denunciado a varias compañías europeas por el comercio ilegal del coltán, que utilizan a hombres de paja congoleños, ruandeses y ugandeses para facilitar aún más el saqueo con gente que conoce las minas. Unas minas construidas sin previo estudio ingeniero y que se han cobrado la vida de muchos  africanos, incluso de menores que trabajan por cantidades insignificantes de dinero comparándolo con el valor del mineral extraído. Una muestra de los beneficios obtenidos con ese saqueo y contrabando es que en Kiwu (bajo el control del invasor ejército de Ruanda) un kilo de coltan se pagaba a 5 dólares, pero luego ese kilo se cotizaba en Londres a 400. Para que esto fuera posible, las compañías extranjeras han contado con la complicidad de los dirigentes de la región, marionetas de intereses multinacionales a cambio de suculentas recompensas. El informe no formula acusaciones concretas, pero es fácil deducir de su texto que los presidentes de Congo, Zimbabue, Ruanda y Uganda delinquieron. Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, desvió entre 4.000 y 6.000 millones de dólares de las minas de cobre y diamantes que obtuvo como pago a su alianza militar con Kabila. Loweri, presidente de Uganda, ocupó los yacimientos de oro de Bunia y de coltan del noroeste congoleño, que empezó a saquear sistemáticamente.

En la actualidad, según Carina Tertsakian, de la ONG Global Witness, especializada en denunciar la explotación de los recursos minerales en Congo, los precios del coltán han disminuido en el mercado internacional y afirma que “Hoy es la casiterita la que está dando los mayores casos de explotación infantil y trabajos forzados". Este mineral, del que se extrae el estaño, componente esencial de múltiples aleaciones, predomina en la parte este de Congo, la más sacudida por la intervención extranjera y las luchas fratricidas en el país.

El Estado no protege

Tras el final de la Guerra y con el apoyo de la comunidad internacional, el Congo pudo celebrar elecciones presidenciales en el 2006, abriéndose un periodo de esperanza que hoy a defraudado a todo el mundo. Un ejemplo lo encontramos en la capital de kivu Norte, en Goma, cuya ciudad ha sido tomada por el ejército y los cascos azules de la ONU. Los soldados han incurrido en numerosas violaciones de los derechos humanos contra la población a la que deben proteger, como el trabajo forzado de los menores en las minas, las muertes de numerosos civiles y las violaciones de sus mujeres en el poblado. Los soldados llevaban meses sin cobrar el salario, perdido en la maraña de la corrupción de los oficiales.

 Congo se encamina hacia otra generación perdida, la séptima u octava consecutiva desde la llegada del poder colonial. Los datos de Unicef hablan de un sistema sanitario público apenas existente, de casi la mitad de los niños sin escolarizar, de un 31% de menores de cinco años con malnutrición y de una mortalidad infantil antes del primer año que alcanza a uno de cada doce menores bebés. Un informe de Médicos Sin Fronteras alerta de que, en las zonas en conflicto, cada año muere uno de cada ocho menores de cinco años. Unas cifras que no mejoran desde hace dos décadas. Mientras, los niños siguen trabajando en las minas y el futuro de este territorio tan rico en su naturaleza, se desvanece de su lado más humano y civilizado.

Jugando a matar

                                                           

Cambian el balón por un revolver del 28, los juegos de mesa por jugarse cada día la vida y robar la de otros fríamente, la infancia por una muerte prematura. En muchos lugares dominados y organizados por los cárteles del narcotráfico, como en Colombia y México, los niños son los peor parados, no sólo porque forman parte de las muertes civiles sino porque son el blanco perfecto para que los más altos sicarios den el relevo a una nueva generación, encargada  de seguir manteniendo la guerrilla.

La mayoría de estos jóvenes sicarios son niños entre 14 y 18 años procedentes de familias desestructuradas. El miedo a no tener nada en el futuro y a la indiferencia del resto de la sociedad,  los llevan a buscar en las bandas criminales y organizadas la oportunidad de ser reconocidos, la protección ante los de arriba y un sustento para ganarse la vida de forma fácil. Estos niños, todavía sin la capacidad de reconocer entre el bien y el mal, son engatusados y entrenados para matar a sueldo, sin imaginarse que en muchos casos antes de los 18 años firmarán su sentencia de muerte, el final de un camino lleno de lujos pero manchado de sangre. Quizás sean el fruto de una sociedad cuyos valores están vacíos de ética y en la que esta opción es la única que garantiza la supervivencia.

En México, según revelan los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la  guerra al narcotráfico que empezó a llevar a cabo su presidente Felipe Calderón hace dos años ya se ha cobrado la vida de 700 niños. De ese total 450 perecieron por ser reclutados por el crimen organizado, a consecuencia de enfrentamientos entre cárteles rivales y/o confrontaciones de las bandas con las fuerzas del estado. Además, según estos informes 110 niños, algunos de meses, cayeron víctimas del fuego cruzado entre grupos rivales o entre sicarios y fuerzas de seguridad del estado y 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares. En Colombia los cárteles de la droga  han reclutado entre 8.000 y 11.000 menores de edad, la edad media de estos niños es de 13 años y en el caso de las niñas, muchas de ellas son obligadas por los integrantes de la banda a prestar servicios sexuales. La ciudad colombiana de Pereira es la ciudad con el índice más alto  de niños al servicio de bandas del crimen organizado.

En el siguiente documental el reportero David Beriain se introduce en los humildes barrios de Pereira, donde conocemos a niños que por apenas 50 euros son contratados para matar.

                                                          

Social - REC reporteros: Baby sicarios en Colombia

LOS NIÑOS BRUJOS DEL CONGO

Desde la década de los 90 y tras la innumerables guerras, genocidios  y años de miseria, la República Democrática del Congo (RDC) sigue mostrando su  lado mas oscuro, acunando el abandono de  70.000 niños acusados de brujería, culpados de las enfermedades y penurias familiares.

Según la organización infantil más antigua, Save the Children, solo en Kinsasha, la capital del Congo,  hay unos 30.000 niños en la calle y en su mayoría han sido torturados, maltratados y estigmatizados para que no regresen a casa o como medio para salvarlos de la brujería. Este es el caso de Olivier, que  con nueve años fue acusado de la muerte de su madre y abandonado en plena calle. El año pasado volvió a casa para pedir perdón a su familia pero el tío prometió quemarlo vivo si no se marchaba de la aldea. Según la organización, los inquisidores, además de los predicadores de la Iglesia del Despertar, son sus propios familiares y vecinos.




Jane y Marie fueron acusados de brujería por su madre y tras intentar volver a casa fueron  rociados con ácido.

 

El camino para la cura de la brujería es largo y traumático. Con la excusa de que los pequeños pueden causar los más diversos males, los pastores de las Iglesias del Despertar han expandido su dominio y la idea de que el exorcismo es la única solución para el presunto problema. Alegan que experimentan una fuerza sobrenatural, como la del Espíritu Santo, que les impulsa a proteger a sus fieles contra las magias negativas controladas por los menores.

En uno de los casos denunciado por Save the Children, siete niños entre 6 y 11 años acusados de brujería fueron encerrados  durante cinco días en una  pequeña habitación sin techo, sucia y privados de agua y comida. De esta forma podrían estar preparados para “ser librados” de los malos espíritus que los dominaban. Tras los cinco días, los niños fueron presentados ante el pastor, quien pidió a los padres que se acercaran y perdonaran a sus hijos. La pastora entonces, según el informe presentado por la organización, empezó un ritual que incluía correr en círculos, gritar y cantar salmos mientras temblaba. Al final, la mujer empujó a los niños, que se cayeron exhaustos y mareados al suelo. El pastor fue de uno en uno, gritándoles y tocando todo su cuerpo, bajándoles los pantalones y las faldas y tocándoles los genitales con la excusa de liberarles del diablo.

La aceptación de tales prácticas se explica por las drásticas consecuencias dejadas por los años de guerra. Esta situación ocasionó la pérdida de los valores tradicionales de la mayoría de la población, otorgando un alto poder a la Iglesia del Despertar y situándolos como los maestros de la salvación divina. Lo que mueve a estos pastores, no obstante, es más que su misión de proteger a los fieles. Las Iglesias del Despertar ganan donaciones de las familias por los exorcismos que realizan, con el visto bueno de los funcionarios estatales que reciben pagos ilegales. Algunas llegan a operar con todas las autorizaciones necesarias de los Ministerios de Justicia y Asuntos Sociales del país. En el intento de erradicar este problema, Save the Children cuenta con grupos que trabajan tanto en la concienciación de los líderes religiosos como de los padres y familias. Además, viene actuando junto a organismos oficiales del país y ejerciendo presión política para aumentar la regulación estatal de los métodos utilizados por las iglesias.

UNICEF denuncia que 130 millones de niñas y mujeres han sido mutiladas genitalmente

La ablación es una práctica muy arraigada en los países del tercer mundo, sobretodo en África y Yemen, donde se calcula que setenta millones de niñas y mujeres han sido sometidas en la actualidad a esta mutilación genital, según datos de un informe presentado por UNICEF.

En estas culturas la extirpación o corte de los genitales externos de las mujeres es una práctica corriente y forma parte del ritual de iniciación de las niñas en la edad adulta. Se practica antes de que la menor tenga la primera menstruación, entre los 10 y 15 años, aunque en algunas tribus se realizan al poco tiempo de nacer. Se considera que sólo una mujer puede casarse si ha sido previamente circuncidada, ya que de esta forma se habrá mantenido virgen hasta el matrimonio, se habrá eliminado su apetito y deseo sexual, y se habrá convertido en una mujer limpia y casta, preparada para ser deseada por un hombre.

La circuncisión no sólo significa ser aceptada por la figura del hombre, sino que sólo después de este ritual se pertenece a la comunidad de las mujeres adultas. Por ello, no es una práctica que sólo se pueda relacionar con la atrocidad de unos cuantos salvajes, ya que es practicada y asumida por culturas y sociedades enteras. Está tan arraigada a las tradiciones de África y Oriente, y la presión social es tan fuerte, que incluso las propias niñas desean someterse a la ablación, como consecuencia de la influencia de sus iguales y por el miedo a la estigmatización y el rechazo por parte de sus propias comunidades si no siguen la tradición.  Para las madres es igualmente difícil librarse de la coacción que ejerce la sociedad en la que viven y el no permitir que sus hijas sean mutiladas les puede costar mucho.

 Al igual que existen distintos tipos de celebración del ritual de inicio, existen formalmente tres tipos de mutilación de los genitales externos o ablación: la primera de ellas consiste en la amputación de una parte o la totalidad del clítoris, la segunda en la mutilación total de este órgano y de los labios menores,  y la última y más agresiva la infibulación, consistente en la extirpación del clítoris y labios mayores y menores. Después del acto, hacen un cosido de ambos lados de la vulva hasta que queda prácticamente cerrada, dejando únicamente una abertura para la sangre menstrual y la orina.

Graves consecuencias

Informes del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, detallan que la ablación es una agresión que tiene graves consecuencias físicas y psicológicas, y forma parte de los mecanismos de opresión a las mujeres, pues está ligada a controlar su sexualidad.

Algunas de sus terribles consecuencias son: pérdida del deseo y del placer sexual, no sólo por cuestiones fisiológicas, sino porque precisamente su objetivo es hacer mujeres sin sexualidad propia; infecciones pélvicas con esterilidad, ya que entre 15 y 20 por ciento de las mujeres circundadas no pueden tener hijos; dificultad en los partos y nacimiento de niños deformes.

Marta Santos País, Directora del Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, comentó que la ablación causa daños irreparables. Puede acarrear la muerte de la niña por colapso hemorrágico, así como infecciones agudas y septicemia. Muchas niñas entran en un estado de colapso inducido por el intenso dolor, el trauma psicológico y el agotamiento a causa de los gritos.

Las investigaciones revelan que si las comunidades afectadas decidieran abandonarla, la MGF podría eliminarse muy rápidamente, y esque, según la embajadora de la ONU contra la ablación, Waris Dirie, la indiferencia mutila, por ello debemos actuar.



Práctica ilimitada

La mutilación genital femenina, en cualquiera de sus modalidades se encuentra penada por la ley en los principales países de dicho continente con algunas excepciones como Italia o Irlanda. No obstante, aunque existen en algunos países europeos con normativas legales de control sobre el permiso de salida para las niñas en situación de riesgo por este tipo de costumbres, hay denuncias de que medio millón de mujeres y niñas han sufrido la MGF en Europa en los últimos tiempos, incluso en centros sanitarios bajo cuerda.

La embajadora de la Organización de las Naciones Unidas contra la ablación, la ex modelo somalí Waris Dirie, quien sufrió infibulación a los 5 años, ha conseguido que ésta práctica sea ilegal en algunos países africanos, aunque se siga practicando de hecho. Unicef, en el mismo informe, afirma que ésta práctica se puede eliminar en una generación si hay un esfuerzo cultural.

 Ha despertado gran interés y sorpresa el hecho de que en fechas recientes, se encontraron claras evidencias de que la práctica de la ablación se ha difundido a tribus indígenas de la etnia embera-chamí que habitan en el suroccidente de Colombia. El hecho quedó en evidencia por las denuncias de autoridades a cargo de la defensa de los derechos humanos y la muerte de niñas indígenas por infecciones producto de operaciones quirúrgicas llevadas a cabo en precarias condición de asepsia.

Las autoridades indígenas, agremiadas en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, han pedido que no se adelanten juicios sin conocer las realidades de las costumbres locales y alegan el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación. El asunto es objeto de un profundo debate, pues quienes abogan por la defensa de los derechos de la mujer, que consideran violados con la mutilación, insisten que tal autodeterminación no puede estar por encima de lo dispuesto en la Constitución Nacional de Colombia, norma que prima sobre cualquier otra en el ámbito nacional y en ella se prohíbe claramente este tipo de prácticas.

UNICEF se expresa ante esto con su informe de Protección infantil contra el abuso y la violencia y afirma que no se puede justificar con excusas culturales esta violación fundamental de los derechos de las niñas. "Es una práctica discriminatoria que vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades, a la salud, a la lucha contra la violencia, el daño, el maltrato, la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante; el derecho a la  protección frente a prácticas tradicionales peligrosas y el derecho a decidir acerca de la propia reproducción". "Estos derechos están protegidos por el Derecho internacional".