Organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas exigen a las autoridades esclarecer los crímenes y la condena de los culpables.
Pelo oscuro, tez morena, delgadas y pobres. Este es el patrón que en la mayoría de los casos se cumple en los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, en el norte del estado de Chihuahua, México. Los datos no dejan de sorprendernos. Desde 1993 organizaciones internacionales y en defensa de los derechos humanos coinciden en afirmar que han sido asesinadas más de 400 mujeres. De estos asesinatos el 90% están sin resolver o se han resuelto sin juzgar ni condenar al culpable.
La brutalidad con la que los criminales secuestran y asesinan a las mujeres en un número significante de casos va más allá del acto de matar y pone de manifiesto una de las expresiones más terribles de la violencia contra la mujer. Muchas de ellas fueron raptadas, mantenidas en cautiverio por varios días y sujetas a los vejámenes, torturas y a la violencia sexual más terrible antes de morir, la mayoría asfixiadas por estrangulamiento o golpes. Sus cuerpos han sido encontrados escondidos entre los escombros o abandonados en zonas desérticas cerca de la ciudad. "Cuando la encontramos, el cuerpo de mi hija hablaba de todo lo que le habían hecho", señaló Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, cuyo cuerpo fue hallado en febrero de 2001 en un terreno baldío de Ciudad Juárez, contiguo a la fabrica donde trabajaba. Igual que Lilia Alejandra, la mayoría de las víctimas son mujeres de origen humilde, algunas de ellas con hijas e hijos que mantener, que recorren en autobús largas rutas para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. A veces, no les queda más opción que caminar solas por lotes baldíos y caminos sin iluminación, haciendo más fácil el trabajo de quien quiere acabar con sus vidas.
Las primeras muertes y desapariciones con un patrón similar de mujeres y niñas se dieron a conocer en Ciudad Juárez. Fronteriza con Estados Unidos y ubicada en el desierto, esta ciudad es actualmente la más poblada del estado de Chihuahua. Su posición geográfica la ha convertido en una de las más fértiles para el narcotráfico, generando altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana. Sin embargo a lo largo de las últimas décadas, la instalación de empresas de ensamblaje de productos de exportación, por parte de compañías transnacionales, las llamadas maquilas, también le ha permitido un desarrollo económico privilegiado. En gran parte, la rentabilidad de la industria maquiladora se basa en la contratación de mano de obra local barata, una mano compuesta en su mayoría por mujeres como las asesinadas hasta ahora, de origen humilde, sin poder en la sociedad, cuya muerte no resulta ningún coste político para las autoridades locales.
A pesar del interés que ha despertado en la comunidad internacional el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y de la respuesta de organizaciones no gubernamentales ante la inacción de las autoridades, la falta de acción de las partes competentes para investigar los crímenes ha sido notoria durante los últimos diez años.
Amnistía Internacional ha documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales, cuando las posibilidades de encontrar a la mujer viva e identificar a los presuntos responsables son mayores, y una falta de seguimiento de las pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser esenciales. En otros casos, los exámenes forenses practicados han sido inadecuados y se ha proporcionado información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de los cuerpos, agravando así su dolor y alterando bruscamente su proceso de duelo. Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e incluso el presunto uso de la tortura por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua (PJE) para obtener información y confesiones de culpabilidad. Los familiares se impacientan, desconfían de las autoridades e incluso llegan a dudar de la inocencia de algunos funcionarios del gobierno. No es de extrañar que lo hagan ya que, durante los primeros años de las desapariciones y asesinatos, el discurso público de las autoridades reflejaba una abierta discriminación hacia las víctimas. En más de una ocasión las mismas mujeres fueron culpadas de su desaparición y asesinato debido a su forma de vestir o por trabajar de noche en bares. En febrero de 1999, el ex Procurador de Justicia del Estado, Arturo González Rascón, todavía afirmaba que "Las mujeres que tienen vida nocturna salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores, están en riesgo. Es difícil salir a la calle y no mojarse".
No sólo se debe atajar el problema con urgencia, buscando que se haga justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas. Los ciudadanos de Ciudad Juarez necesitan tener la seguridad de que auspician a unas autoridades que verdaderamente velan por la seguridad de su pueblo, que representan la voluntad del mismo y que no se doblegan ante ninguna presión. A los juarenses les ha tocado vivir el peor cáncer que puede asolar una sociedad, el narcotráfico y la corrupción no entiende de vidas humanas y es el precio que se paga por estar en el momento y el lugar equivocados.
